El titular era fácil de escribir. La DEA ha publicado la transcripción completa de su audiencia sobre la reclasificación del cannabis, 2533 páginas a lo largo de once días, y en ella la agencia defiende su propia propuesta: el cannabis ya no pertenece a la Lista I. El juez administrativo jefe Derek Julius prepara su recomendación, los escritos finales se presentaron a mediados de agosto y la decisión última corresponde al Administrador de la DEA.

Lo que hace que valga la pena leer la transcripción no es el titular. Es la rapidez con la que algunos argumentos se desmoronaron en cuanto alguien hizo una pregunta de seguimiento. Y que precisamente los puntos que se tambalearon en Washington están ahora mismo sin resolver en Alemania.

Cuatro pasajes que es fácil pasar por alto

Ed Wood, de DUID Victim Voices, declaró sobre el cannabis y la seguridad vial. En el contrainterrogatorio admitió que, si el consumo aumenta, los investigadores deberían esperar encontrar THC en más conductores, independientemente de que el cannabis haya causado o no algún accidente. Detección no es deterioro. Por sí solos, en sus palabras, esos datos no probaban nada. Poco después, el mismo testigo presentó una proyección de muertes adicionales en carretera derivadas de la reclasificación y tuvo que reconocer que no existen buenos datos gubernamentales que la respalden. Su estimación se basaba, en cambio, en comparar las tasas de mortalidad entre estados con y sin un mercado comercial de cannabis.

El mismo testigo protagonizó un segundo momento incómodo. Hizo referencia a declaraciones de un testigo anterior del Gobierno, a pesar de que existía una orden de separación de testigos precisamente para evitarlo. El juez reiteró que los testigos no debían leer ni escuchar los testimonios anteriores. No decide nada. Pero en un procedimiento administrativo en el que la integridad del expediente determina su peso probatorio, es un pasaje poco favorable, más aún porque la DEA solicitó después que se excluyera ese testimonio.

El argumento de mayor peso económico de la parte contraria vino de la National Drug and Alcohol Screening Association: entre siete y nueve millones de trabajadores en puestos sensibles para la seguridad quedarían fuera de las pruebas federales de drogas si el cannabis pasa a la Lista III. El contrainterrogatorio lo convirtió en otra cosa. La dirección ejecutiva de la organización confirmó que los empleadores pueden seguir realizando pruebas conforme a sus propias políticas de empresa. Y el Department of Transportation ha dejado claro desde entonces que una receta con licencia estatal no exime a pilotos ni a conductores profesionales de un resultado positivo.

El cuarto punto es el más extraño. La DEA argumentó contra la DEA. La farmacóloga Luli Akinfiresoye declaró que su sección había aplicado la antigua prueba de cinco elementos para el uso médico actualmente aceptado, en lugar del estándar más reciente de dos elementos que la Office of Legal Counsel considera suficiente. No era su opinión personal, dijo, sino una decisión tomada junto con colegas de su sección. Su conclusión fue que el cannabis no supera la prueba, y ella discrepó de la evaluación contraria del Department of Health and Human Services. Todo ello mientras abogados de la misma agencia defendían exactamente lo contrario en la misma sala.

Por qué esto es más que una nota al pie

Se puede leer como una colección de anécdotas. Yo lo leo de otra manera. El procedimiento está planteado como una audiencia administrativa, pero lo que produce sobre todo es material para lo que viene después. Ya están en curso varias demandas contra la reclasificación, acumuladas por un tribunal federal de apelaciones y presentadas por estados, por organizaciones prohibicionistas y por una empresa farmacéutica. Su argumento más sólido no es médico, sino estructural: la orden de abril crea un estatus híbrido que el Congreso nunca autorizó. El cannabis figura formalmente en la Lista III, pero mantiene controles al estilo de las Listas I y II, es decir, cupos, requisitos de registro y permisos de importación y exportación.

En ese contexto, que la propia sección científica de la agencia conste en el expediente aplicando un estándar distinto y llegando a una conclusión distinta de la de su propio equipo jurídico no es un detalle. Es un escrito que los demandantes ya no tienen que redactar ellos mismos.

Por eso soy prudente con el calendario. Primero la recomendación del juez, luego la decisión del Administrador, una propuesta de norma antes de fin de año, una norma definitiva, siendo realistas, en 2027, y litigios en curso sobre todo ello durante todo el tiempo. Quien lleva ocho años poniendo precio a fechas en esta industria, a estas les pone un precio conservador.

Para el comercio, casi nada cambia

Esta es la interpretación errónea más habitual con la que me encuentro en este momento. La orden de abril añadió expresamente la marihuana medicinal con licencia estatal a la lista de sustancias que requieren permisos de importación y exportación. La DEA se aseguró activamente de que la Lista III no creara un régimen comercial más laxo, porque eso habría situado a Estados Unidos en contradicción con el artículo 31 de la Convención Única de 1961. Cada envío necesita un permiso de exportación, que solo se concede frente a un permiso de importación equivalente del país de destino y dentro de cupos nacionales. Es exactamente el sistema con el que Canadá, Portugal, Australia e Israel llevan años enviando a Alemania.

En teoría, eso abre por primera vez una vía para que producto estadounidense llegue a Europa. En la práctica, las GMP de la UE se interponen, y los operadores construidos en torno al mercado interno de un solo estado estadounidense no superarán ese listón con rapidez. Quien compite por volumen de flor en Alemania no necesita preocuparse todavía por California.

Donde el efecto es inmediato es en el capital. El fin de la 280E mejora de inmediato los flujos de caja de los operadores estadounidenses, ya se han producido las primeras cotizaciones en grandes bolsas, y Trulieve escindió su negocio medicinal y lo llevó a la NYSE en junio. Para Europa esto tiene dos caras. La incómoda: el dinero institucional que se fijó en Europa en parte porque el mercado estadounidense simplemente no era invertible para muchos fondos vuelve a tener un mercado propio. La cómoda: grupos estadounidenses mejor capitalizados salen de compras, y los objetivos están donde ya existen capacidad europea certificada y cuota de mercado. Hemos visto ese patrón en las transacciones de los últimos meses.

El punto en el que Alemania debería mirar con más atención

De los cuatro pasajes, el testimonio sobre seguridad vial es el que conecta de forma más directa con nuestro propio debate. Porque estamos teniendo la misma discusión, con los papeles invertidos.

Hasta el 22 de agosto de 2024, Alemania aplicaba un límite de 1,0 nanogramos de THC por mililitro de suero sanguíneo. Esa cifra nunca fue un umbral de deterioro. Era, en esencia, el límite inferior de lo que un laboratorio puede medir con fiabilidad. Los consumidores habituales siguen por encima durante días después del consumo sin estar afectados en ningún sentido relevante. Esa era la crítica, y por eso un grupo interdisciplinario de expertos convocado por el Ministerio de Transporte recomendó un valor vinculado a un deterioro documentado y relevante para la conducción. Desde entonces, 3,5 ng/ml figuran en el artículo 24a de la Ley de Tráfico por Carretera, con una multa a partir de 500 euros y una retirada temporal del permiso de conducir. Los conductores noveles y todas las personas menores de 21 años siguen sujetos a una prohibición absoluta, al igual que el consumo combinado con alcohol. Y el límite solo rige el nivel de la infracción administrativa. Si se añaden conducción errática, deterioro observable o un accidente, se entra en los artículos 316 y 315c del Código Penal, sea cual sea el valor medido. Los pacientes con una terapia prescrita están exentos de la infracción administrativa cuando usan el medicamento según lo indicado, pero no de las normas sobre la incapacidad real para conducir.

La disputa sobre esa cifra gira en círculos desde entonces, y ambos bandos tienen un problema de datos. La asociación TÜV lo dijo con claridad ya en 2024: está científicamente demostrado que el cannabis aumenta el riesgo de accidente, pero nadie puede decir actualmente cuántos accidentes en Alemania se deben realmente a él. Aun así, las asociaciones de seguridad vial siguen reclamando un límite más estricto, con la expectativa de que la legalización pondría más conductores intoxicados en la carretera.

Esa expectativa ya se ha puesto a prueba. El Centro de Investigación Interdisciplinaria de Adicciones del Centro Médico Universitario Hamburg-Eppendorf publicó en enero de 2026 en The Lancet Regional Health Europe un estudio que comparaba Alemania ocho meses después de la Ley de Cannabis de Consumo con Austria como grupo de control, mediante un diseño de diferencias en diferencias. El resultado: entre los consumidores mensuales, la proporción de trayectos bajo los efectos del cannabis fue, en todo caso, ligeramente inferior a la de antes, y no pudo identificarse ningún efecto estadísticamente significativo de la legalización. Esto concuerda con lo que el programa de evaluación EKOCAN ha comunicado en sus resultados provisionales.

Y esta es la parte que me parece más reveladora. En junio de 2026, el Gobierno federal presentó un proyecto de ley que modifica la Ley de Estadísticas de Accidentes de Tráfico, documento parlamentario 21/6558, con el fin de recoger por primera vez en la estadística la concentración de THC en suero sanguíneo en los accidentes. Así que llevamos más de dos años discutiendo sobre un umbral y solo ahora empezamos a recopilar los datos que permitirían a alguien verificarlo algún día.

Esa es precisamente la brecha que se abrió bajo juramento en Washington. Un testigo del bando prohibicionista confirmó en el contrainterrogatorio que la detección de THC y el deterioro son dos cosas distintas, y que el vínculo causal no está respaldado por buenos datos gubernamentales. Nada de eso significa que el cannabis al volante sea inofensivo. Significa que las cifras que impulsan la política a ambos lados del Atlántico son considerablemente más débiles de lo que sugiere la seguridad con la que se formulan las exigencias. Quien en Alemania pida un límite más estricto debería poder decir qué deterioro está regulando y cómo lo mide. Quien defienda el valor actual debería estar dispuesto a someterse a la evaluación que solo ahora empieza a ser posible.

Otra cosa que conviene señalar es lo que falta en la lista de correcciones del comisionado para drogas del 10 de agosto. Hendrik Streeck menciona cuatro áreas: la dificultad para las fuerzas del orden de distinguir la oferta legal de la ilegal, una supervisión más estricta del mercado de cannabis medicinal, un control más riguroso del autocultivo y un trabajo de prevención mucho más temprano. El tráfico rodado no figura en ella. Eso indica o bien que la evidencia ya no sostiene la intensidad política, o bien que es un tema que se reserva para más adelante. Yo apostaría por lo primero, y aprovecharía ese periodo de calma en lugar de desperdiciarlo.

Lo que queda

En Washington se discute si el cannabis tiene siquiera un uso médico aceptado. Alemania respondió a esa pregunta en 2017 y sacó la planta de la legislación sobre estupefacientes en 2024. Sin embargo, desde el 30 de julio de 2026 la flor seca ya no forma parte de las prestaciones del seguro médico obligatorio según el artículo 31, apartado 6, del Libro V del Código Social. Se calcula que unos 65.000 pacientes con seguro público están afectados, y no se previó ningún régimen transitorio. Los extractos estandarizados, el dronabinol y la nabilona siguen siendo reembolsables, por regla general solo tras un ensayo terapéutico de seis meses con un medicamento acabado autorizado. Paralelamente, la reforma de la Medizinal-Cannabisgesetz, con sus restricciones a la telemedicina y su prohibición de la venta por correo, sigue en la comisión de sanidad porque la coalición no logra ponerse de acuerdo.

Así, Estados Unidos avanza hacia un modelo que Alemania está restringiendo en este momento. Ambos movimientos giran en torno a la misma cuestión, a saber, qué cuenta como evidencia suficiente para qué aplicación. Y en ambos países la respuesta se da desde la política más que desde la ciencia.

Un efecto secundario del proceso estadounidense no debería subestimarse. La Lista III reduce de forma sustancial las barreras a la investigación clínica en Estados Unidos. La evidencia que eso genere en los próximos tres a cinco años llegará justo al segmento que los responsables políticos alemanes acaban de designar como vía preferente de reembolso, es decir, los extractos estandarizados y los medicamentos acabados. Esa es la consecuencia a largo plazo más relevante de todo este proceso, y no tiene nada que ver con el comercio.

Lo que seguiré de cerca en los próximos meses: la recomendación del juez, la decisión del Administrador, la propuesta de norma antes de fin de año y los procedimientos ante el tribunal de apelaciones. Y en Berlín, si este año se convocan la segunda y la tercera lectura de la reforma de la Medizinal-Cannabisgesetz y si sale adelante el proyecto de ley sobre estadísticas de accidentes. Suena a mero trámite administrativo. Aun así, marcará el mercado europeo de 2027 más que cualquier titular aislado procedente de Washington.


Fuentes

  • Transcripción completa de la audiencia de la DEA, 2533 páginas, once días de audiencia, publicada el 25 de agosto de 2026 (dea.gov/NPRM2026)
  • Orden del fiscal general interino del 23 de abril de 2026 y modificación de 21 CFR 1312.30 que añade requisitos de permisos de importación y exportación
  • The Lancet Regional Health Europe, Schranz et al., enero de 2026, sobre la conducción bajo los efectos del cannabis tras la legalización parcial (UKE, Centro de Investigación Interdisciplinaria de Adicciones)
  • Bundestag alemán, BT-Drs. 21/6558, proyecto de segunda ley de modificación de la Ley de Estadísticas de Accidentes de Tráfico, remitido el 25 de junio de 2026
  • Bundestag alemán, BT-Drs. 21/3061, proyecto de primera ley de modificación de la Medizinal-Cannabisgesetz
  • ABDA, nuevas normas para medicamentos a base de cannabis vigentes desde el 30 de julio de 2026 (nueva redacción del artículo 31, apartado 6, del SGB V, ley de estabilización de la tasa de cotización del GKV)
  • Asociación TÜV, documento de posición sobre la modificación del límite de THC en el tráfico rodado
  • Süddeutsche Zeitung, entrevista con Hendrik Streeck, 10 de agosto de 2026